A un año de aprobar la Ley General de Transparencia, pocos avances en los Estados.
A un año de la aprobación de la Ley General de Transparencia, los pocos avances no alientan la defensa y promoción de este derecho ciudadano.
El Colectivo CIMTRA, al igual que diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos realizado y promovido una serie de acciones estratégicas con miras a que el proceso de armonización y homologación de las leyes locales de transparencia se ciñan a los estándares y tiempos señalados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), e incluso, que vayan más allá de lo que ésta norma establece.
Hemos sido co-participantes de algunos procesos más o menos abiertos a la participación ciudadana y a la apertura legislativa en torno a este proceso, pero también en otros, la mayoría, en los cuales la sociedad civil solo ha sido espectadora de procesos cerrados, sin transparencia y carentes de la participación ciudadana, de expertos, y de otros actores interesados; peor aún, sin la participación decidida y propositiva de los propios órganos garantes de cada entidad. Ante todo este proceso de carácter nacional el saldo, en general, no ha sido positivo ni para la transparencia, ni para la participación, ni para la rendición de cuentas.
Aproximadamente dos terceras partes de los Congresos del país cumplirán con el proceso de armonización de acuerdo a los tiempos fijados legalmente (5 de mayo 2016); un número menor cumplirán con la posibilidad de ir más allá de lo establecido en el LGTAIP y muy pocos tuvieron procesos abiertos y participativos en un tema que en su esencia implica apertura y deliberación. Es un hecho que se debe cuestionar públicamente principalmente a aquellos Congresos, Órganos Garantes y Ejecutivos que no impulsaron durante todo un año el proceso de armonización de su ley local de transparencia. Pero también aquellos que aprovecharon este proceso para colocar “candados” a este derecho ciudadano.
Por otro lado, es importante situar en un primer plano aquellos procesos en los cuales las leyes locales de transparencia fueron armonizadas con el apoyo de la participación ciudadana, en procesos deliberativos y con formatos abiertos al escrutinio y a los aportes propositivos de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, actores gubernamentales, privados y legislativos.
Más allá del cumplimiento de este proceso de armonización se prevén, incluso, diversos conflictos ligados a la operación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT); una especie de “insurgencia burocrática” apelando a la falta de capacidad humana y financiera para sacar adelante los estándares de apertura y exposición de información pública gubernamental marcada para los sujetos obligados en la LGTAIP. Esto también se agudiza ante el hecho de que en los procesos de armonización, en varios casos, no se ha dejado claro el fortalecimiento de los órganos garantes locales, siendo estos todavía instancias a expensas de la voluntad de los ejecutivos de las entidades federativas, o bien, de los partidos políticos. La autonomía de los órganos garantes sigue siendo un aspecto central, pero poco favorecido desde los ejecutivos y congresos.
Visto desde esta perspectiva el futuro resulta incierto para la realización de este derecho ciudadano en nuestro país. El SNT iniciará con una serie de asimetrías que a través de su propia existencia trataban de disolver. Iniciaremos esta nueva fase de la transparencia con un SNT descuadrado, o dicho en términos positivos, perfectible. ¿Cuánto tiempo nos llevará tener un SNT armonizado y coherente entre sus partes? ¿Quién deberá impulsar los procesos de ajuste y de solvencia interna del propio sistema? Un responsable es el Consejo del SNT, encabezado por el INAI. Pero otra parte tendrá que trabajarse desde los propios congresos locales, los sujetos obligados, los órganos garantes, los expertos y la ciudadanía. Todos haciendo su parte y siendo consecuentes, en su caso, como sujetos obligados.
Partir de la idea de un sistema ya instalado con un carácter petrificado, imperfecto en sus subsistemas y sin los mecanismos –abiertos- para su mejoramiento, es el peor de los escenarios para la transparencia a escala nacional.
Como CIMTRA creemos importante el papel que juega la sociedad civil organizada en el funcionamiento del SNT, en particular en los ámbitos locales. Sin presencia ciudadana es evidente que el SNT se agotará en procedimientos burocráticos, sin retroalimentación social y sin una referencia concreta de lo que sucede con la transparencia y el acceso a la información en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Las tareas un futuro inmediato
Queda la tarea de vigilar que las obligaciones y criterios para acceder a la información pública se cumplan por los gobiernos locales de acuerdo a lo señalado los artículos 70 y 71 de la LGTAIP. Para ello deben establecerse vasos comunicantes (en varios niveles) para que en red los actores sociales y gubernamentales generen retroalimentaciones que identifiquen los aspectos administrativos, estructurales, financieros y políticos, etcétera, que impiden y obstaculizan la concreción del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de los entes obligados hacia la ciudadanía. Se trata de construir sistemas de evaluación con indicadores sobre los alcances de las acciones gubernamentales, sistemas de generación de la información y de archivo como partes de un sistema integral donde se ubiquen procesos de co-construcción entre actores sociales y gubernamentales para que superen los obstáculos. El verticalismo y centralismo son prácticas que en estos momentos no construyen consensos y cerrarían el camino a la participación ciudadana. En este proceso federalizado las entidades deben ponerse a la altura de las demandas ciudadanas por gobiernos abiertos y transparentes.
Hacemos un llamado a los Congresos de los Estados a asumir con hechos su responsabilidad legal y política en este tema, así como a los órganos garantes y organizaciones de la sociedad civil para que demanden y participen con propuestas en la armonización y mejoramiento de las leyes locales de transparencia.
5 de Mayo 2016
