Las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos abajo firmantes creemos en la necesidad de fortalecer el ámbito municipal como un espacio idóneo para el desarrollo y la democracia sustentado en los propios actores, en sus formas de organización e instituciones locales, esto a partir de la ampliación del espectro de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos y gubernamentales y bajo esquemas eficientes de transparencia y rendición de cuentas gubernamentales, y en su caso, de los actores privados que intervengan en asuntos de interés y repercusión pública.
Sobre esta base es que tenemos fuertes dudas de los planteamientos contenidos en el Decálogo dado a conocer a la opinión pública por el Presidente de la República recientemente respecto a su intensión de enfrentar al crimen organizado trastocando la autonomía y la libertad municipal.
Al respecto señalamos que:
1) Los planteamientos del Decálogo surgen de la crisis institucional y social que se reveló claramente con el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En este sentido cabe señalar que no todos los municipios mexicanos son iguales y que por tanto se requieren de reformas, políticas públicas y medidas preventivas que ataquen los orígenes de dichos procesos de descomposición.
2) En ese sentido se corre el riesgo de que las iniciativas contenidas en el Decálogo terminen por lesionar las garantías y los derechos de la ciudadanía así como acotar las facultades y responsabilidades del ámbito del gobierno municipal, tal como se demuestra en la iniciativa presentada por el Presidente para quitar a los gobiernos municipales la policía preventiva. Creemos que el disolver ayuntamientos en circunstancias como la descrita en la iniciativa en cuestión, será una práctica de sometimiento y centralismo utilizado de manera discrecional por los actores políticos desde el ámbito estatal y federal.
3) Es ineludible que se examine los procedimientos de elección de los candidatos para ocupar los cargos de autoridades municipales, aspecto en el cual los partidos políticos y los institutos estatales electorales tienen la mayor de las responsabilidades. Es necesario que todos los candidatos presenten su declaración patrimonial y una vez elegidos la hagan pública antes, durante y posterior al ejercicio de su cargo.
4) Es alarmante que el Decálogo no establezca, por ejemplo, medidas claras que mejoren el sistema judicial y penitenciario de nuestro país, elementos que resultan claves en el sistema de impartición de justicia y combate a la corrupción, delincuencia y al crimen organizado; y se vea al municipio como único responsable de la situación de inseguridad que atraviesa el país.
5) La creación de policías estatales únicas, creando “un nuevo modelo policiaco con 32 grupos sólidos” supone una centralización de las acciones de seguridad mismos que no asegura la calidad y eficacia de los cuerpos policiacos ni que éstos no sean infiltrados por el crimen organizado. Es necesario que los ciudadanos sepamos de manera transparente los procedimientos de selección e integración de los cuerpos de seguridad tanto locales y estatales. Las acciones de seguridad pública emprendidas por la federación y los estados gozan de una falta de transparencia y de información pública hacia la ciudadanía, pero también de información hacia los propios gobiernos municipales.
6) Celebramos que se busque fortalecer los instrumentos para proteger los derechos humanos, así como la pronta aprobación de las diversas leyes y reformas para combatir la corrupción. Sin embargo, dichos mecanismos deben contemplar una plena autonomía para evitar que los actores políticos y partidistas sean “juez y parte” y que ello permita la aplicación de sanciones a quienes cometan violaciones a los derechos y actos de corrupción, de conflictos de interés y falta de rendición de cuentas.
7) Centrar la culpa a los municipios no soluciona el problema de la inseguridad pública, por el contrario, consideramos que se debe apostar por una reforma municipal integral que permita abonar hacia mecanismos y espacios de participación y control social, entre otras cuestiones, para que desde los municipios se recompongan los tejidos sociales, la confianza de la ciudadanía con sus autoridades, la calidad de vida de la gente y la participación de todos los sectores sociales en los asuntos trascendentes para las comunidades, todo esto sobre la base de garantizar los derechos de los mexicanos.
8) Las históricas y estructurales limitaciones que vive el municipio en México debe ser el motivo que nos permita reflexionar sobre una reestructuración integral del federalismo mexicano y del papel de la federación y los estados en los asuntos públicos. Requerimos formular nuevos esquemas de responsabilidades compartidas en los que la ciudadanía y los municipios tengan un papel protagónico. Un federalismo fuerte deberá anclarse en su base local y no en un centralismo que lesiones garantías y derechos.
9) Urge entonces que todos los actores sociales y políticos relacionados con el tema municipal nos sentemos a la brevedad a debatir y decidir sobre las reformas que deben proponerse al Congreso de la Unión y aprobarse y aplicarse sin demora a la institución más antigua del Estado mexicano; el municipio, y que reclama urgentemente ser modernizado.
ATENTAMENTE
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA-Nacional); Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, A.C (CESEM); ICMA-México/Latinoamérica; ACCEDDE Desarrollo Local, A.C; Locallis S.C; Arkemetría Social A.C, Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C; Sociedad Cooperativa de Consumo Regional Chac Lol S.C.L; Información Accesible y Rendición de Cuentas, A.C. (IARAC); Frente Regional por un Desarrollo Sustentable; CIMTRA Puebla-Tlaxcala; Fundación para el Desarrollo Municipal Sustentable A.C (FUNDEMUS); Centro Estratégico de Estudios Municipales; CIMTRA-Estado de México; Programa de Desarrollo Alternativo para la región Atenco-Texcoco (PRODARAT); CIMTRA-Aguascalientes; Podemos Cambiar Aguascalientes, CIMTRA Jalisco
Ciudadanos en lo individual:
Ignacio González Hernández, CIMTRA JALISCO; Sergio Padilla Macías, CIMTRA JALISCO; Jorge Paul Casillas Morales, CIMTRA JALISCO; Carlos Tabares Luna, promotor social; Felipe Alatorre Rodríguez, académico; Esteban Garaiz, activista político, Ricardo Joel Jiménez González, CESEM-CIMTRA.
