Ricardo Joel Jiménez González, CIMTRA CDMX
La ética son valores universales que las personas compartimos, sea cual sea nuestra creencia religiosa, nacionalidad, profesión; son valores universales que ayudan a las sociedades a vivir en armonía, entre estos aspectos destaca la justicia, la libertad, la paz, la igualdad, la solidaridad, etcétera. Son aspectos que dotan de dignidad a las personas. Cuando la ética se aplica y pone en práctica en el servicio público se denomina ética pública.
La ética pública son los principios y valores que deben presentarse en la conducta de quienes desempeñan una función pública. Son los criterios y valores que debe tener en cuenta el servidor público para realizar sus funciones y lograr un bien para la comunidad. Entre los valores de la ética pública destacan: la legalidad; la honradez; la lealtad; la imparcialidad; la eficiencia; el interés público; el respeto a los derechos humanos; la igualdad y la no discriminación; la equidad de género; el respecto al entorno cultural y ecológico; la integridad; la cooperación; el liderazgo; la transparencia y la rendición de cuentas.
Para el Colectivo CIMTRA la ética pública es un esquema de criterios y valores (no negociables) en el que los servidores públicos y autoridades se someten a elementos de contrapesos, controles, transparencia y rendición de cuentas sobre sus actos, sobre el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones.
Cuando uno confronta estos elementos frente a la realidad resulta que éstos muchas veces nada tienen que ver con la actuación de los servidores públicos. Pongamos un ejemplo: Susana Aguilar Covarrubias se presenta ante la opinión pública con una trayectoria profesional de defensora de los derechos de las mujeres y filántropa, integrante del Patronato del Colegio Patria (Colegio de corte religioso). Participó activamente en el Comité Ciudadano para la Responsabilidad Social A.C., una organización de la sociedad civil yucateca (sic) que sirvió como brazo social integrado por personas estrechamente ligadas al entonces diputado federal Rolando Zapata, con el propósito de promover su candidatura a la gubernatura. Tras la victoria de Zapata por la gubernatura, Susana Aguilar fue designada por éste como Presidenta Comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Yucatán, a pesar de que su perfil no daba para asumir tal cargo. Pero digamos que hasta ahí no para la cosa.
Según la nota de “El Economista”, hay documentos que demuestran que Susana Aguilar y su cónyuge vendieron un inmueble de 6.3 hectáreas, propiedad del Instituto Patria, el 25 de abril de 2016 y volvieron a enajenarlo el 14 de julio del 2016. El precio de este bien raíz es aproximado a los 15 millones de dólares. http://yucatan.com.mx/merida/controversia-en-el-patria#sthash.yG9JY5fs.dpuf. El periódico denuncia que el cerebro y principal operador del fraude fue David Abraham Achach, esposo de Aguilar, quien ha tejido una red mafiosa dentro del Registro Público. En esto es clave la relación de su esposa Susana Aguilar con la directora del Registro, Celia Maldonado Llanes. Ellas fueron compañeras de escuela y han cultivado su amistad en el contexto de sus carreras en el servicio público. http://yucatan.com.mx/merida/controversia-en-el-patria#sthash.yG9JY5fs.dpuf
Hasta este momento Aguilar no ha aclarado dichas acusaciones. Resulta de enorme preocupación que precisamente la responsable de la transparencia y el acceso a la información en el estado de Yucatán sea protagonista de estos supuestos hechos. Lo anterior denota la ausencia de contrapesos en la asignación de su actual cargo, así como una inexistente rendición de cuentas y una falta de ética pública.
Precisamente estas acciones dan cuenta de los enormes conflictos de interés que existen en el ejercicio de los cargos públicos mexicanos. Hay una cultura en nuestro país para hacer llamados al “buen comportamiento” mediante acciones limitadas, aisladas y sin sanciones. Son llamados al buen comportamiento de los servidores públicos en lo individual; llamados a misa sin bases de un diagnóstico sustantivo; son decálogos que no centran una operatividad concreta. Son exhortos que apelan al “buen” comportamiento para «alacranes y los lobos». Son acciones sin que exista autonomía en los mecanismos de control y la vigilancia.
La idea central en todo caso es que se requiere de un sistema integral donde se combinen contrapesos y mecanismos de vigilancia y sanción. Resulta necesaria la existencia de espacios para la rendición de cuentas donde las autoridades y servidores públicos expliquen sus acciones y decisiones y donde participe la ciudadanía y haga una valoración del desempeño gubernamental. Se deben crear contrapesos autónomos y eliminar la existencia de supuesto comités de ética integrados por puros servidores públicos, donde éstos son juez y parte. Se debe tener a la vista de la ciudadanía los servicios públicos y trámites que se otorgan desde los gobiernos locales, esto es requisitos, costos, tiempos así como sus responsables, a fin de evitar corrupción y malos manejos. De existir un código de Ética éste debe estar a la vista de la ciudadanía y contener sanciones sociales y administrativas.
De lo que se trata es romper, o por lo menos acotar, las redes de corrupción, aumentar la vigilancia ciudadana sobre los «nichos» de opacidad, corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias. Es necesario ampliar y fortalecer la participación a la sociedad civil autónoma en las políticas públicas, (su diseño, contenido, seguimiento, y evaluación). El uso de nuevas tecnologías para hacer eficiente servicios y trámites, por ejemplo, para realizar denuncias en tiempo real. También las autoridades y servidores públicos deben manejar en sus páginas electrónicas formatos abiertos en materia de transparencia y acceso a la información; abrir información sobre temas claves y delicados para la sociedad como son los permisos otorgados para la construcción de fraccionamientos nuevos y los cambios de uso de suelo. Muchos de estos aspectos ya están contemplados en las leyes de transparencia y acceso a la información locales. Queda en los ciudadanos construir mecanismos de vigilancia, sanción y rendición de cuentas que sean innovadores y efectivos y hacer a un lado aquellos decálogos de ética (sin efecto alguno) que sólo sirven para disimular la corrupción.
CDMX, agosto 2016
