Una pregunta importante que debemos hacernos los capitalinos es ¿Qué tipo de Sistema Anticorrupción deseamos para la Ciudad de México? Para ello debemos aprender de las experiencias fallidas y positivas de los diversos sistemas estatales anticorrupción, tanto en la integración de sus Comités de Participación Ciudadana (CPC) como de su funcionamiento y vinculación con la sociedad.
Los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) en varias entidades siguen siendo instancias poco conocidas por la ciudadanía, se siguen viendo como instancias que no funcionan en tanto que no están “atrapando” corruptos, y en consecuencia, en un contexto de lucha contra la corrupción desde el Gobierno Federal, se les ve como un “gasto innecesario” que bien podría omitirse. Parte de los retos precisamente es fortalecerlos institucionalmente y situarlos en la opinión pública como instancias relevantes para salir de esta crisis de corrupción en la que estamos estancados como sociedad.
Una de las grandes limitantes que tienen los SEA es muchas veces no cuentan programas de trabajo concretos y viables, en ese sentido, no tienen una clara priorización de sus acciones y éstas quedan en meros actos protocolarios, para tomarse la foto y firmar convenios con diversas instituciones, en particular, con organismos empresariales e instituciones educativas, pero sin que exista en el fondo un trabajo concreto, aterrizado y focalizado a favor de la prevención de la corrupción. Como señala Jorge Alatorre, integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, los comisionados estatales terminan siendo los impulsores de las tres “F”: fotos, firmar y foros (yo agregaría, si bien nos va). Los CPC no son representantes de la ciudadanía, son facilitadores, articuladores, el puente de interacción entre el Sistema y la sociedad.
